Autor: Doctor Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma y Presidente de la Asociación de Universidades del Perú.

 

De su sentido gramatical de propiedad del servicio educativo universitario, el concepto de calidad, ha pasado a significar “la adecuación de características de la prestación de servicio educativo, a unas pautas que establece el Estado a través de reglamentos”, con la denominación de estándares de calidad o condiciones básicas de calidad.

 

Con este cambio, la calidad representa una condición, un requisito legal exigible por el Estado y a la vez una obligación institucional de la universidad. La ley universitaria ha sido convertida en un componente esencial y determinante para que el Estado, autorice la prestación del servicio educativo universitario, a través de una figura legal introducida en la legislación universitaria con la denominación de licenciamiento.

 

Esta autorización tiene carácter temporal por un mínimo de 6 años, y está sujeta a control mediante acciones de seguimiento; es decir: el Estado se reserva el derecho de fiscalizar a través de inspecciones inopinadas con el fin de verificar que se mantengan las condiciones básicas de calidad en el servicio. El resultado de estas inspecciones puede conducir a sanciones de multas o clausuras temporales parciales o totales.

 

La calidad implica ser un componente medible a través de los estándares. Forma un triángulo entre la universidad, la sociedad y el Estado. Este último dicta las normas: leyes y reglamentos y establece los órganos: Ministerio de Educación y SUNEDU, entre otros.

 

Queda, entonces, explicado que, la calidad es el elemento legal y administrativo que determina que la universidad debe reunir ciertas condiciones en infraestructura, equipos, organización, personal académico, estatuto y reglamentos; plan de estudios, administración, manejo del dinero, transparencia y demás asuntos que concurren al funcionamiento de la universidad, comprendiendo factores con los cuales no se advierte relación directa con la calidad, convirtiéndose durante el trámite, en trabas y obstáculos para el licenciamiento.

 

Los indicadores van más allá de lo académico y empujan a la universidad a dificultades e impedimentos muchas veces provenientes de la interpretación de la ley fuera de sus límites objetivos, por parte de los funcionarios operadores.

 

Tal como está instituido por la actual Ley Universitaria Nº30220, el licenciamiento es un proceso administrativo de fiscalización total de la universidad, y, dentro de este, la verificación de las condiciones básicas de calidad. El licenciamiento va más allá del ámbito de la calidad entrando a campos de control en rangos de la administración, la economía, las relaciones contractuales que aún están garantizados por libertades constitucionales. El licenciamiento le franquea al Estado poderes omnímodos que se aplican a través del órgano operador directo que ha creado y que es la SUNEDU.

 

El reconocimiento y la verificación de la calidad por la acreditación se rige por otro proceso y otra doctrina, recogidos en sus respectivas normas. Carece de potestades punitivas y su radio de acción se centra en lo académico. Garantiza la calidad con sus procedimientos, órganos, reglamentos sin distorsionarse en control político.

 

Las acciones del licenciamiento se ejecutan por trabajadores del Estado escogidos y designados por el gobierno; en tanto, la acreditación se lleva a cabo por personal ajeno al gobierno, profesionalmente especializado, libre de influencias y directivas políticas en la realización de su trabajo.

 

Siendo la calidad, interés de la sociedad y de los propios universitarios, la queremos y la ejercitamos. También abogamos porque ella sea verificada a través de la acreditación, dejándose el licenciamiento, con los ajustes legales necesarios, para que solo sea el proceso administrativo circunscrito a otorgar licencia de funcionamiento.

 

Lima, 04 de Diciembre de 2017