Con preocupación advertimos que, a través de varios proyectos de ley promovidos al interior del Congreso de la República, se pretende que las universidades del país, no obstante estar amparadas por el Art. 18 de la Constitución Política del Estado, el mismo que consagra la Autonomía Universitaria, se sometan a un nuevo sistema de ingreso o admisión de estudiantes, bajo la figura del “CICLO CERO”, este procedimiento afectaría sustancialmente a las universidades públicas al colisionar con la Ley del Presupuesto Público que exigen metas con los recursos directamente recaudados, así como se ha pronunciado recientemente la Asociación de Universidades del Perú – ASUP.

Esta intención legislativa que ha generado profunda preocupación en los diversos sectores universitarios, podemos desglosarla describiendo brevemente los proyectos de ley que pretenden ser aprobados:

Proyecto de Ley N° 1069/2024, impulsada por el Grupo Parlamentario Perú Libre, se refiere a la implementación del Programa Ciclo Cero en el Servicio Militar, para garantizar el acceso a las universidades públicas. Al respecto es necesario aclarar que el mencionado proyecto integra dos ámbitos absolutamente diferentes, el ámbito militar y el educativo. El primero tiene que ver con el servicio que prestan los jóvenes como un deber patriótico y no tendría por qué constituirse en un requisito para ingresar a la universidad.

Proyecto de Ley N° 10114/2024, que incorpora y regula el Ciclo Cero como modalidad de ingreso a las universidades públicas a nivel nacional, promovida por la misma agrupación política, con la finalidad de garantizar el acceso equitativo de los estudiantes egresados de la educación básica a la educación superior universitaria. En este caso, como referimos anteriormente, los proponentes no toman en cuenta que las universidades, requieren contar con una base financiera que les exige el sistema para acceder al presupuesto que el propio Estado les asigna. En este caso, al anularse los centros preuniversitarios, las universidades pierden su condición de recaudación de los recursos exigidos por Ley, lo que acarreará la consecuencia de no contar con un presupuesto y por lo tanto implicaría una modificación sustancial en la legislación para el financiamiento de las universidades.

Proyecto de Ley N° 07726/2023, que propone regular el Ciclo Cero y comprende el ingreso a las universidades a nivel nacional, con la finalidad de garantizar el acceso a la educación superior de los jóvenes que culminan sus estudios secundarios y de esa forma fortalecer el desarrollo integral de la persona.

Proyecto de Ley N° 07998/2023, que propone autorizar a las universidades públicas elaborar consultorías en temas sociales, económicos, perfiles, expedientes técnicos y servicios de laboratorios, vía convenio de cooperación con instituciones públicas, para impulsar la obtención de recursos propios a favor de las universidades públicas y generar oportunidades de capacitación para los estudiantes.

En este último caso, vale la pena hacer notar que el conjunto de universidades peruanas está persuadido de la importancia que tienen los proyectos de Responsabilidad Social Universitaria, aspecto que está previsto tanto en la Ley 30220, así como en la propia constitución, por consiguiente, la implementación de estas actividades, en el marco de sus atribuciones, no requiere de ninguna autorización congresal, porque forman parte de sus tareas de extensión universitaria.

Si bien la Autonomía es un principio inherente a la universidad y a la vez es una garantía constitucional de nuestra Carta Magna, estas cautelan a las universidades para dotarse de su propia ingeniería jurídica interna institucional, así como aprobar sus planes y programas académicos, modalidades de ingreso y egreso, elección y/o nombramiento de sus autoridades, personal docente y administrativo, entre otras potestades.

Por tanto, no es el Congreso de la República la institución facultada legal y constitucionalmente para legislar sobre las modalidades de ingreso a las universidades. En consecuencia, el denominado “CICLO CERO” que pretende implementarse en las universidades, colisiona con el precepto constitucional antes mencionado y por ende tiende a vulnerar la Autonomía Universitaria.

Creo que llegó el momento de que nuestros compatriotas congresistas terminen de comprender que, la Constitución Política del Estado es la norma superlativa que rige por encima de cualquier ley, motivo por el que no se pueden promover proyectos de ley que en su contenido contradigan esta prioridad normativa que es base del Estado de Derecho.

Fuente : Expreso