El sistema de universidades públicas del Perú enfrenta un escenario crítico para el 2026, según alertaron sus rectores, quienes advierten que el proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el Ejecutivo recorta en S/ 288 millones los recursos ordinarios destinados al sector.

La preocupación aumenta porque, pese a esa disminución, el sistema universitario estatal incorporará diez nuevas instituciones, lo que elevará la red nacional de 52 a 62 universidades públicas.

Las autoridades universitarias sostienen que esta proyección carece de un financiamiento proporcional que garantice la continuidad de servicios académicos, administrativos y de infraestructura.

En un pronunciamiento conjunto, la Asociación de Universidades del Perú (ASUP) aseguró que la reducción presupuestal “profundiza las brechas existentes”, debido a que los recursos actuales ya resultan insuficientes para atender la demanda estudiantil.

La entidad recordó que las universidades deben asumir gastos de bienestar universitario, seguridad, mantenimiento de locales, actividades de extensión, soporte académico para los alumnos, movilidad estudiantil y servicios como admisión, titulación, idiomas y educación virtual.

“Esta reducción empuja a estudiantes y docentes a medidas extremas como tomas y huelgas”, advirtió el gremio.

La Asociación de Universidades Nacionales del Perú (AUNAP) también expresó su “profunda preocupación” y afirmó que la propuesta del Ejecutivo “presiona al límite la capacidad operativa” de las instituciones públicas.

Ambas organizaciones coinciden en que el aumento del número de casa de estudios no puede sostenerse con un presupuesto menor, pues ello afectará directamente la calidad educativa y la gobernabilidad en los campus.

Según sus cálculos, si el Congreso no revierte el recorte, en 2026 las instituciones enfrentarán mayores exigencias sin los fondos mínimos para responder a ellas.

Los rectores destacaron que el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, mostró apertura al diálogo; no obstante, insistieron en que el Parlamento debe incluir en el dictamen las fórmulas legales planteadas por las propias universidades.

La AUNAP sostuvo que “corresponde a los congresistas demostrar que existe un compromiso real con los miles de estudiantes y docentes”, y pidió que las propuestas técnicas no queden “reducidas a meras declaraciones sin respaldo político”.

Entre las prioridades que el sector demanda figuran la atención de las Demandas Adicionales de financiamiento, el fortalecimiento del Bienestar Universitario, la asignación equitativa de recursos para Beca 18, la consolidación del régimen especial de docencia universitaria, el financiamiento de plazas para autoridades y el funcionamiento de las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones.

Los rectores remarcaron que estas medidas representan “lo mínimo indispensable” para garantizar la continuidad académica en 2026.

El bloque de rectores también solicitó al presidente José Jeri que disponga al Ministerio de Economía y Finanzas atender los requerimientos del sector.

Además, cuestionaron la reciente resolución de Indecopi sobre los cobros por graduación en una universidad pública, a la que calificaron como una “vulneración a la autonomía universitaria”, protegida por el artículo 18 de la Constitución.

Fuente: Expreso